(Nota de Prensa)
ALARMA
POR EL DAÑO SOCIAL CAUSADO
POR
LOS CASOS DE VENTAS ILEGALES EN CENTROS DE ENSEÑANZA
La Federación
Andaluza de Libreros (FAL) ha reiterado su preocupación por las frecuentes
ventas ilegales que se producen en el ámbito de algunos centros de enseñanza.
José Luis Jaime, presidente de FAL ha manifestado que “aunque la mayoría de los centros cumplen con los requisitos
indicados en las Instrucciones del Programa de Gratuidad de la Junta de
Andalucía, es frecuente observar graves infracciones de forma reiteradas por
algunos centros de enseñanza, que pone en peligro el buen funcionamiento del
sistema de gratuidad, así como el buen nombre de los centros y padres de
alumnos que actúan dentro de la legalidad”.
La mecánica de esta
ilegalidad consiste principalmente, según indica el representante de los
libreros en la retención de los Cheque-Libros por el centro, acaparando y
controlando esas ventas, desoyendo así lo indicado en las citadas
Instrucciones, que indica que se entregarán
“a los representantes legales del alumnado beneficiario y los libros de texto
se obtendrán mediante la presentación, en la librería libremente elegida”.
Las Instrucciones de la Consejería de Educación también indican que “no está permitida la gestión de los
Cheque-Libros por parte de AMPAS, asociaciones, o los propios centros docentes
que puedan obtener beneficios de algún tipo derivados de esta gestión
destinados a un gasto distinto al Programa de Gratuidad (…)”.
Los libreros
insisten en el daño social que estas acciones ilegales suponen, y que no dañan
sólo a la red de librerías sino a toda la sociedad, pues este tipo de
operaciones fraudulentas eluden el pago de impuestos, al no disponer los Centros
de enseñanza o AMPAS que las realizan de personal laboral dado de alta en
Seguridad Social, ni de licencia fiscal
que ampare la actividad comercial, ni por supuesto realiza las correspondiente
declaraciones de IVA, etc.
La Federación
Andaluza de Libreros cuenta este año con el compromiso de la Consejería de
Educación de comunicar a los servicios de Inspección este tipo de caso y actuar
en consecuencia, por lo que está poniendo en su conocimiento las numerosas
denuncias recibidas; e igualmente presentará las oportunas denuncias ante la
Agencia Tributaria. Pero al margen de
las acciones legales, José Luis Jaime elogia “a todos aquellos centros y AMPAS que realizan debidamente sus
funciones” y les anima “a no sucumbir
ante las posibles propuestas claramente ilegales que algunas editoriales
alientan, y se mantengan en el camino de la responsabilidad social, la
legalidad y la corrección fiscal”. En la misma línea, añade que “las asociaciones de editores deberían actuar
con más contundencia para poner fin a las acciones de algunos de sus asociados,
que fomentan estas ilegalidades para acaparar ventas, mediante el pago de
comisiones, provocando o siendo conniventes con este tipo fraude fiscal”.
